Me han sorprendido -por no ser habitual y por pertenecer a un órgano dependiente – las declaraciones de tres fiscales del Tribunal Supremo sobre la situación del Fiscal General,  García Ortiz.  Opiniones que en privado me han manifestado algunos de ellos, pero que no son habituales que la hagan en público, ni al público. En cualquier caso estas opiniones vienen a poner encima del tablero lo que todos sabemos y abren un espacio de esperanza a la imparcialidad y supuesta  independencia de la que tanto mencionan y que ni ellos se la creen.

El contexto donde nos movemos es el generado por lo que le paso al novio de la presidenta de la la comunidad de Madrid, sobre una posible revelación de secretos, y puestos en situación estos valientes  fiscales han opinado sin rodeos sobre si García Ortiz – su Jefe- debería dimitir. Javier Zaragoza, un fiscal de Sala de renombre, ha sido tajante al señalar que, de estar en su lugar, ya habría abandonado el cargo. Consuelo Madrigal, por su parte, ha hecho hincapié en que es fundamental no solo ser imparcial, sino también parecerlo. Como la mujer del Cesar ¿no?. Salvador Viada ha sido aún más contundente, afirmando que si el Fiscal General está bajo sospecha, su permanencia en el cargo podría dañar la credibilidad de la institución. ¿Podría? No soy capaz de entender que alguien con algo de sentido común no lo entienda, si la falta de credibilidad es tal que hasta se puede tocar, es tan descarada que hasta se está volviendo tangible. Sino que se lo pregunten a la Abogacía del Estado, que los tiene al servicio para su defensa y estos también están hasta las mismas narices.

En cualquier caso estas opiniones no surgieron en una rueda de prensa, sino en el marco de unas jornadas por el Estado de Derecho,  que organizaba  el Foro Judicial Independiente. Javier Zaragoza advirtió sobre la percepción pública de que el fiscal es un “brazo armado” del Ejecutivo, casi nada, como si no lo supiéramos. Solo basta recordar las palabras de Sánchez en uno de esos medios radiofónicos amigos, donde a una pregunta del locutor, este le espetó, ¿de quién depende el Fiscal, de quién?.

En cualquier caso, el debate pone sobre la mesa la necesidad de garantizar la independencia del Ministerio Fiscal. Entre las propuestas, se sugiere alargar el mandato del fiscal general y asegurar que no exista vinculación directa con cargos ministeriales previos. Pues el actual fue ministro y ahora Fiscal mandamás.

Y como toda la semana pasada me la he pasado con cosas de juzgados, y hoy todos opinaran de Israel y sus ataques motivados por el que sufrió  hace hoy  un año, pues yo os aburriré con un cuento de Juzgados y es que me  el pasado miércoles y amiguete me remitió  la  reciente decisión del Tribunal Supremo, que desestimó otro   recurso a Pablo Iglesias y Podemos – cuando el era el Jefe-  esta vez iba contra otro comunicador y esta vez -como en otras-  el debate giraba en torno a las declaraciones del periodista en las que acusaba a Podemos de ser un partido “antidemocrático” financiado por dictaduras como la de Venezuela e Irán. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la sentencia incide que estas afirmaciones no vulneran el derecho al honor de los demandantes, ya que están basadas en hechos con base fáctica suficiente. O sea, que no es falso lo que dijo el periodista.

Es el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor -que tanto menciono en mi libro – en la Sentencia se  argumenta que, aunque los comentarios del periodista fueron duros y polémicos, se amparan en el derecho a opinar sobre asuntos de interés público. Así que por ahora podemos hacerlo, que por detrás viene el ministro Oscar Lòpez al que Sánchez le ha encomendado el control de los medios de comunicación. Mientras tanto, hablemos y opinemos. Que la censura llegará, no tengan duda.

En cualquier caso, el fallo  refuerza la importancia de la libertad de expresión, sobre todo en el ámbito del debate político, donde el escrutinio a los partidos y líderes debe ser constante, sean de donde sean, miren ahora Alvise y recuerden lo que le paso a Gil con el GIL.

Sin embargo, soy consciente de que deben existir límites a esta crítica del discurso público y hasta qué punto puede tolerarse la misma sin  que esta cruce la línea hacia el agravio personal. Pero para eso ya están los tribunales y  en una democracia madura, no la de Maduro,  es vital permitir opiniones contundentes, incluso si estas son incómodas para los que mandan.

En fin, el Supremo reafirma, una vez más,  que la protección de la libertad de expresión no solo es un derecho individual, sino un pilar esencial para el debate público y la salud democrática. Eso unido a una verdadera separación de poderes, sería la bomba para preservar la democracia. ¿o no?

LOS LUNES CON JUAN INURRA – Periódico EL DÍA

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