Desde que en España emergieron los sindicatos judiciales –llamados erróneamente asociaciones progresistas y conservadores–, la neutralidad de la justicia empezó a debilitarse paso a paso. Uno de los pilares que sustentan el Estado de Derecho está quebrado. Me cuenta un exsindicalista que existen miembros del poder judicial que trabajan o han trabajado para los partidos políticos. Y después vuelven para impartir justicia. Es la negación de la libertad, a mi modo de ver, ni más ni menos, y una aberración democrática.

Otra cosa buena que ha hecho Sánchez es que con la ley de amnistía descargará y descongestionará los juzgados de causas y así colaborará con la agilización de la justicia. Esa justicia que solo se imparte para los robagallinas, como bien dijo Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial, al desenterrar un término de la España rancia, que parecía superada.

Ahora es más patente y palmario que hay dos tipos de españoles ante la ley. Los que diga Sánchez y los que no. A los amiguetes se les indulta y se les amnistía. El resto, al talego. Parece una fábula, pero es lo que está ocurriendo.

El desajuste que se ha creado es terrible. Los bandazos de la justicia en España, que tanta burla causan en Europa (ningún país se atrevió a detener a Puigdemón tras la euroorden emitida por el juez Llarena, por ejemplo), están poniendo en solfa a nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes de Montesquieu, que es la esencia de cualquier democracia moderna que se precie. La justicia es fundamental para el avance de cualquier sociedad, pero para que sea así debe fundamentarse en un pilar que no es otro que existir la igualdad ante la ley.

Alfonso Guerra, un socialista de pro, ha denunciado que Sánchez y su banda quieren cargarse el espíritu de la Transición. Y en esa denuncia parece deslizarse una desconfianza en los tribunales, hoy abducidos por Pedro Sánchez, incluido el Tribunal Constitucional, que preside el socialista Conde Pumpido. En similares términos se ha manifestado uno de los padres de la democracia española, Felipe González.

Sánchez está descuartizando el país, sólo por interés propio. Y naturalmente por echarle de comer a su legión de paniaguados. Son capaces de apropiarse de lo peor de la condición humana con tal de seguir en el poder. Hacernos comulgar con ruedas de molino.

Demonizar a Sánchez no convierte a los otros en angelitos, de eso nada. En Cataluña estamos pagando los graves errores del pusilánime Rajoy. Y el PP no está dando, ni ha dado en el pasado, las mejores lecciones de moral. Y qué decir de los bandazos de CC. ¿Dónde esta la mosca? Aquí o aquí.

Si, según la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la ley, Sánchez no osará perdonar 18.000 millones de euros a Cataluña, euro más o euro menos, por interés propio, mientras al resto de las autonomías no se les compensa equitativamente. Las economías no beneficiadas por este desmán deberán aumentar los impuestos para poder cancelar esa deuda con el Reino, mientras que a Cataluña y a sus ciudadanos le saldrán gratis sus dispendios y delitos. Porque ahora esta eso de lawfare, término que dará mucho que hablar.

Mi amigo el exsindicalista –me ha dicho que no lo nombre– me cuenta que somos el hazmerreír de Europa. Mira lo que le ha pasado en Portugal al amiguito de Sánchez, Antonio Costa. Le ha allanado la policía su casa, y a sus ayudantes más cercanos también, en busca del dinero que se han metido en el bolsillo. Dinero público. Ha tenido que dimitir. Al menos ha tenido vergüenza.

Mientras tanto, en España a quien ha permitido que se rompa la igualdad entre los españoles, le premiarán siendo presidente de un nuevo gobierno.

Feliz lunes.

LOS LUNES CON JUAN INURRA – Periódico EL DÍA
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